El agua subterránea es aquella que cae en forma de lluvia y nieve, y se almacena bajo la superficie terrestre en lugares conocidos como acuíferos. Según el Centro Internacional de Evaluación de Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC, por sus siglas en inglés), esta representa alrededor del 30 por ciento del agua dulce en el mundo. Mientras que un tercio del agua dulce consumida por las personas proviene de los acuíferos, en algunas partes del planeta ese porcentaje alcanza el 100 por ciento. A su vez, se estima que el 70 por ciento de la producción agrícola mundial se realiza con agua obtenida de esa misma fuente.
Ahora bien, el problema reside en que la extracción de esa agua es más veloz que el ciclo de recarga natural. Al mismo tiempo que se producen cada vez más alimentos, el cambio climático genera que cada vez llueva menos y haya más sequías. Por lo tanto, el volumen de las reservas disminuye y se estima que el pico global de extracción se alcanzaría en menos de 25 años. A diferencia de zonas como India, China, Pakistán e Irán, Argentina todavía tiene reservas debajo de la superficie.
Sin embargo, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, el investigador del INTA y especialista en recursos hídricos, Roberto Miguel, advierte que la falta de conocimiento y planificación podría traer graves consecuencias: “A nivel global estamos sacando más agua de la que el sistema es capaz de regenerar. La naturaleza es incorruptible y tiene leyes que no se quiebran ni se vulneran por la política. Si el Estado y los privados no pueden trabajar de forma conjunta para pensar y planificar un tema tan sensible como este, en algún momento la naturaleza nos va a castigar de la forma más dura”.
En este aspecto, el gobierno nacional no parece interesarse por la planificación y la regulación, sino que está a disposición de los requerimientos de las grandes empresas que necesitan agua para la agricultura a gran escala, la minería a cielo abierto y los centros de datos que pregona el Ejecutivo en la Patagonia. De hecho, el ataque al Instituto Nacional del Agua, principal organismo del país encargado de estudiar la preservación y el aprovechamiento del agua, desde diciembre de 2023 es otra muestra del desinterés.
“Tenemos muy buenos profesionales en el país que abordan la problemática de la gestión del agua. Es fundamental una buena planificación que nos permita saber a dónde queremos ir y cuál es el horizonte para diagramar qué es posible hacer y si los objetivos trazados pueden alcanzarse”, destaca Miguel. Y continúa: “No es lo mismo lo que puede ocurrir en Buenos Aires a lo que puede suceder en Córdoba, La Pampa o Entre Ríos. Incluso, tampoco es lo mismo en zonas áridas como La Rioja, San Juan, Salta y Catamarca”.
¿Vienen por el agua?
En el marco de los acuerdos que realizó el gobierno nacional con Estados Unidos, uno de ellos tiene que ver con la “seguridad” de los recursos hídricos. En un contexto de sumisión como el que atraviesa Argentina y ante la escasez de recursos naturales centrales para la producción y la subsistencia, la pregunta por las reservas de agua dulce toma una relevancia central.
“En muchas zonas de Estados Unidos y en algunas partes de Europa ya se alcanzó el pico de extracción. Sin embargo, en Argentina contamos con recursos estratégicos importantes y en muchas zonas no tan conocidas o monitoreadas. Las provincias, que son las dueñas originarias del agua dulce que tienen, también deben estudiar qué es lo que albergan, qué ocurre con las extracciones y de qué manera pueden promover medidas para su uso estratégico”, subraya el especialista del INTA.
Ante las protestas de los científicos y los investigadores bajo el lema “Ponete la camiseta” para denunciar la situación que atraviesa el conocimiento y las universidades, monitorear y gestionar sin condicionamientos el agua subterránea también es sinónimo de soberanía.
Por Nicolás Retamar
