El Poder Ejecutivo quiere reformar el Régimen Penal Juvenil a través de una nueva Ley. Para eso, la iniciativa tendrá que ser aprobada en el Congreso. Más allá de las tensiones que se generaron sobre el proyecto, el punto álgido es la baja de edad de punibilidad. Hasta el momento, un adolescente menor de 16 años que cometió un delito, no puede ser juzgado ni condenado penalmente (aunque sí puede ser internado en un instituto, por ejemplo). Si bien el gobierno quiso disminuir la edad a 13 años, el documento final que votarán Diputados y Senadores establece el corte a los 14. Ahora bien, la pregunta clave es qué implica en términos sociales y qué resuelve esta medida. Para responderla, la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes conversó con Matías González, integrante del Equipo de Acompañamiento Académico y Administrativo en Contextos de Encierro de la UNQ.
“Aunque una reforma es necesaria, el proyecto del gobierno nacional solo se muestra preocupado por hacer demagogia punitiva y alarde mediático. La consecuencia será mayor cantidad de encarcelamientos y más problemas para las provincias. En este sentido, bajar la edad de punibilidad no resuelve la inseguridad, sino que incluso la agrava”, resalta González. Durante una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, sostuvo que “bajar la edad de imputabilidad es una necesidad fundamental para la Argentina”.
Al respecto, González aclara: “El gobierno nacional habla de edad de imputabilidad como estrategia para confundir. La imputabilidad es la capacidad de comprender y dirigir nuestras acciones, mientras que la punibilidad es la posibilidad legal de recibir una pena por parte del Estado. Entonces, hablar de imputabilidad es corrernos de nuestra responsabilidad como sociedad y cargársela a niños y adolescentes. Quienes hablamos de punibilidad ponemos el eje en su protección integral y en la necesidad de anteponer una perspectiva socioeducativa y de revinculación por sobre una lógica punitiva”.
Para tomar dimensión, la Ley vigente que establece cómo el Régimen Penal Juvenil fue sancionada en 1980 durante la última dictadura cívico-militar. En este aspecto, no solo el gobierno de facto tenía una mirada determinada sobre los jóvenes y el rol del Estado, sino que el contexto social también se modificó en los últimos 45 años.
Por eso, para González, lo que hay que discutir es el tipo de reforma: “Así como está, la Ley no garantiza los derechos básicos para los jóvenes que son captados por el sistema penal. La discusión de fondo debería ser sobre qué tipo de política contra el crimen tenemos y cuál queremos. En este sentido, la mayoría de los delitos cometidos por niños de esa edad son contra la propiedad y corresponden a pibes y pibas que provienen de sectores populares”.
El eslabón más débil
Desde distintos sectores cuestionaron al proyecto del gobierno nacional. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Argentina advirtió que “la baja de la edad no redujo la delincuencia juvenil” en otros países. Al mismo tiempo, pidió implementar políticas públicas de prevención como programas de formación laboral y servicios de salud mental “cercanos y adecuados a las realidades de cada barrio”.
Según una revista del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, el delito juvenil no es la causa del incremento de la violencia criminal en la sociedad, ni la participación de menores de 16 años en delitos graves es estadísticamente relevante. Aun así, para la ministra de Seguridad, los adolescentes son “el combustible que tienen las organizaciones criminales para funcionar”, y la reforma “inhibirá el reclutamiento ante la certeza de que habrá una sanción”.
Sin embargo, González advierte que poner el foco en esos chicos es cargar el problema en el eslabón más débil de la cadena, y que el problema real son “los mercados criminales que no se descabezan y el lavado de activos”. Al mismo tiempo, subraya: “El sistema penal profundiza la vulnerabilidad de los adolescentes y se vuelve determinante en sus trayectorias biográficas. El debate verdadero debe ser entre un modelo punitivo que expulsa aún más a los jóvenes que delinquen, y un modelo de prevención y de abordaje integral que permita recuperarlos”.
Por Nicolás Retamar
